La excepcional y urgente necesidad de acometer esta medida por medio de un instrumento normativo como es el real decreto-ley deriva del alto déficit de puestos vacantes y de la necesidad de asegurar el desempeño de las funcionalidades reservadas en las entidades locales, que necesita de una correcta asignación de recursos públicos. El Letrado de la Administración de Justicia va a deber mover rápidamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y pedirá a estos servicios informe, que habrá de ser emitido en el período máximo de quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan fijado en el inmueble su vivienda, y se identifiquen las medidas a utilizar por la administración competente. La sección del informe destinada a los asociados no será exigible en el momento en que así lo hayan acordado todos los socios con derecho de voto de la sociedad o sociedades competidores y, además de esto, todas y cada una la gente que, en su caso, según la ley o los estatutos sociales, fueran titulares de ese derecho o cuando así se establezca en el régimen particular de cada modificación estructural. Por lo que hace referencia al régimen de reintegro de subvenciones de concesión directa a favor de entidades del sector público estatal, autonómico o local o asociaciones de entidades locales de ámbito estatal o autonómico, concedidas en el marco del Plan de Restauración, se trata de una medida que no puede aplazarse, en la que concurren la excepcional y urgente necesidad de ejecutar en período los proyectos desarrollados a través de las ayudas y programas citados. De hecho, las colaboraciones brindadas por estas entidades resultan formas especialmente poco comúnes por el contexto único que ha supuesto la ejecución de un plan complejo y extenso, tal como vinculante, como es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al lado de ello, debe evitarse de manera imperiosa que las entidades implicadas desistan de formar parte en proyectos cuya falta de avance perjudicaría el conseguir el cumplimiento del reformas e inversiones del Plan, con las que corresponden secuelas. La disposición transitoria quinta contempla la aplicación de los criterios medioambientales, de la administración del transporte, del tráfico y del espacio público establecidos en el presente real decreto-ley a los procedimientos que estén pendientes en la fecha de su entrada en vigor.

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Cabe señalar que esta revisión de los plazos máximos de los procedimientos encuentra bastante respaldo atendiendo a la práctica europea y a los plazos existentes en otros países de nuestro ambiente. También resulta necesario llevar a cabo una sucesión de ediciones puntuales en la posibilidad de suscribir un convenio particular para poder computar períodos de prácticas efectuadas con anterioridad a su entrada en vigor, ampliando el plazo del convenio de dos a cinco años, al objeto de favorecer y ofrecer seguridad jurídica. Por su parte, el sistema REGVACU, creado para el rastreo de la campaña de vacunación, recoge todas y cada una de las dosis de vacunas administradas con los datos básicos identificativos de las personas, datos relativos a la vacuna suministrada y al conjunto poblacional, lo que permitió, adjuntado con los datos suministrados por SERLAB, llevar a cabo tanto la planificación y el rastreo de la campaña de vacunación como la evolución de la situación epidemiológica. La situación en España siguió una inclinación afín a la observada a nivel global, con una situación epidemiológica muy permanente, lo que conlleva la revisión de la estrategia de supervisión y control de esta patología para la nueva etapa tras la finalización internacional de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, puesto que esta enfermedad continúa siendo importante para la salud pública. Por este motivo, aunque algunos puntos contemplados en la estrategia de vigilancia y control deban ser adaptados a la novedosa situación, es necesario proseguir con una supervisión angosta de esta patología, que debe proseguir contemplándose como una patología de declaración obligatoria en el contexto de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En caso contrario, muchas personas que actualmente reciben la medicación hospitalaria en farmacias cercanas a su residencia o en su propio residencia dejarían ásperamente de llevarlo a cabo, con el consiguiente trastorno para ellas y con la necesidad de asumir desplazamientos innecesarios y costes indirectos añadidos.

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El pago de la asistencia se efectuará mediante transferencia a la cuenta a la que se ordene el pago devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos sosprechada en el artículo 52 Ter de la Ley de Impuestos Particulares o, en su caso, en un único pago, a la cuenta a la que se ordena el pago de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo. Los adjudicatarios de esta ayuda van a deber cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 52. Ter de la Ley de Impuestos Especiales y su normativa de desarrollo. Los procedimientos ambientales que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley continuarán rigiéndose por la normativa previo.

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En el segundo caso, la sociedad comunicará a sus trabajadores o sus representantes el resultado de las negociaciones sin demora incorrecta. La app de las disposiciones de este capítulo excluye la de las disposiciones de cualquier otro Estado miembro en que las sociedades resultantes cuenten con centros de trabajo, salvo en las situaciones en los que permanezca una remisión expresa en este capítulo. Se modificará la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Nutrición, de 12 de mayo de 2022, por la que se convocan las subvenciones establecidas en el producto 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, con objeto de integrar las disposiciones agarradas en el artículo 193, y se formalizará una adenda al convenio en vigor entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Crédito Oficial y SAECA. Sostendrán su efectividad los contratos de administración e impartición de los cursos de sensibilización y reeducación vial en ejecución en el instante de la entrada en vigor de las normas que desarrollen el nuevo régimen de administración, hasta la finalización del período inicial o de la prórroga que estuviese vigente, pero no podrán prorrogarse de nuevo. Los privilegios previstos en los productos 37.4, 37.6 y 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el producto 48 a) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, de los que se estuviera gozando a la entrada en vigor de esta ley lo harán de acuerdo con la normativa que le fuera de app al comienzo de su disfrute.

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B)  Atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores y atender los vencimientos derivados de las deudas que en este marco se estén compensando a través de retenciones en la participación en tributos del Estado. Asimismo, va a estar integrado por un gerente de las asociaciones u organizaciones representativas de los emisores de información económica de las empresas y otro de los individuos de información contable; un representante de las asociaciones transmisoras de principios y criterios contables; un profesional de la auditoría a iniciativa del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y otro de la Facultad. En todo caso, las autorizaciones, votos, adhesiones u oposiciones efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendrán los únicos efectos previstos en esta disposición, sin perjuicio de las ulteriores responsabilidades que tengan la posibilidad de ser de métodos administrativos o judiciales. En los proyectos de reestructuración corresponderá en todo caso el derecho de voto a la entidad financiera titular del crédito principal avalado. Este derecho de voto se emitirá de manera separada por la una parte del crédito avalado respecto de la parte restante del crédito no avalado que corresponde a la entidad financiera.

El objetivo que se quiere con la dotación de acredites del Estado es el de incitar la renovación de la flota mercante de españa con vistas al cumplimiento de las reglas medioambientales, especialmente frente a la aprobación de las diferentes reglas de la Unión Europea que tienen dentro el denominado bulto «Fit for 55». Por este motivo, debe incluirse en nuestro ordenamiento jurídico, de forma urgente, una previsión afín a la señalada en la disposición adicional quinta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, para que siga siendo viable emplear el método de dispensación no presencial, que, a lo largo de estos años, demostraron su oportunidad y acierto bajo el amparo de la regla estatal y que está extensamente aceptado y también establecido en todas las comunidades autónomas. Esta declaración supone que ciertas medidas contempladas en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, dejen de ser de aplicación, a pesar de que, a lo largo de la crisis sanitaria, se demostró su utilidad y eficacia para la protección de la salud de las personas y la supervisión de la salud pública. Conforme a la segunda, los impositores van a poder inferir el 15 por ciento de las proporciones cumplidas, desde la entrada en vigor vestido infantil primavera verao de este Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2024, para la instalación durante dicho periodo en un inmueble de su propiedad de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. También para aquellas instalaciones tipo cuyos costos de explotación dependan fundamentalmente del precio del combustible, se prevé que, para el primer y segundo semestre de 2023, la estimación del precio de los combustibles se efectuará con base en los precios de los mercados diarios y de futuros de manera congruente con la metodología seguida para la estimación del precio del mercado eléctrico. Además, se dispone la aplicación instantánea del superávit del Ámbito Eléctrico en el ejercicio 2022 al ejercicio 2023 para financiar las medidas destinadas a atenuar los efectos de la guerra de Ucrania.

Los probables adjudicatarios a los que se refiere el artículo 161 presentarán antes del 31 de julio de 2023 una petición en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto se ponga a su predisposición y en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta corriente donde deseen que se les realice el abono. La petición deberá integrar, en todo caso, el compromiso de implantación desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023 de una reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje de, al menos, el 50 % en los términos del producto 161, y de financiar a cargo de sus propios capitales la cuantía que sea que se requiere para compensar a las entidades y operadores de transporte por la aplicación del descuento y los costos a que se refiere el artículo 165. De esta forma, se aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de contestación a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que tenía como objetivos básicos la contención de los costes de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos mucho más vulnerables y el refuerzo de la estabilidad de precios. Entre las medidas adoptadas, cabe apuntar la bajada de los impuestos en el ámbito eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un escudo popular para respaldar especialmente a los colectivos más atacables, aparte de importantes ayudas a los campos productivos mucho más afectados por el alza de los costos de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, y las industrias electro y gas intensivas. En aquellas compañías adjudicatarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costos energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2023. El incumplimiento de esta obligación acarreará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las compañías que se acojan a las medidas de reducción de día o suspensión de contratos reguladas en el producto 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas similares con la invasión de Ucrania y que se beneficien de acompañamiento público no podrán usar estas causas para efectuar despidos.

En este supuesto, la junta ha de ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los gestores para convocarla. Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que hay interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial, o no permanezca doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Red social Autónoma correspondiente, o resuelva puntos y cuestiones sobre los que permanezca jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Por otra parte, la movilidad del eje Alicante-Murcia merced a la puesta en servicio del último tramo de línea de altas posibilidades deja dotar a ese importante corredor de unas mejores prestaciones reduciendo de manera importante los tiempos de viaje. 3.º Para quienes no hubieran formulado petición respecto de hechos acaecidos entre el 1 de septiembre de 2021 y la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se abrirá un plazo de presentación de exactamente la misma de dos meses a contar desde la aludida entrada en vigor. Para finalizar, la disposición final novena establece la entrada en vigor de esta norma.

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La persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación previo a la adaptación una vez concluido el periodo acordado o pensado o cuando decaigan las causas que motivaron la petición. Entre las medidas adoptadas, cabe señalar la bajada de los impuestos en el campo eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un escudo popular para apoyar especialmente a los colectivos más vulnerables, aparte de importantes ayudas a los campos productivos más afectados por el alza de los costos de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, las industrias electro y gas intensivas. 3.º Por sociedad transformada, la sociedad constituida en el Estado miembro de destino como producto de la transformación. En un caso así, el tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,5 por ciento. La sociedad escindida redactará un proyecto de escisión transfronteriza.

A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona requerida por la pura presentación de su solicitud de suspensión. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona arrendataria por la mera presentación de la petición de suspensión. El órgano instructor, a la visión del expediente formulará la iniciativa de resolución provisional que contendrá la relación provisional de beneficiarios y la cuantía a percibir por cada uno. La propuesta se publicará en la Sede Electrónica, concediéndose un trámite de audiencia por período máximo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para recepción de alegaciones. La competencia para aprobar los costos y autorizar los compromisos, reconocimientos de obligaciones y proposiciones de pago que procedan, así como mandar y autorizar los documentos contables derivados de estas operaciones, corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Transporte Terrestre.

El propósito de la constitución de Navantia UK Ltd. fue poder concurrir al proceso convocado por el Ministerio de Defensa Británico (MOD) para la adjudicación del Programa FSS. También, las situaciones concurrentes en la isla de La Palma determina que se prorroguen para 2022 los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Ocupaciones Económicas para la isla de La Palma. Como se ha señalado, más allá de que la erupción del volcán ha finalizado, este permanece vivo mediante la expulsión de gases que sostienen expulsadas varias áreas que no fueron enterradas por la lava, pero en las que las mediciones de gases realizadas por el Centro Geográfico Nacional previenen que los afectados puedan volver a sus viviendas o reabrir sus negocios. Igualmente, existen viviendas que no quedaron sepultadas, pero sí aisladas por la lava, por lo que los propietarios aún no han podido acceder ni vivir en ellas. No obstante, son frecuentes las ocasiones en las que el título jurídico en virtud del cual se tiene la vivienda habitual no es la propiedad, sino más bien el usufructo, que, más allá de que es un derecho real con limite, confiere al usufructuario una facultad de disfrute del inmueble equivalente al dominio. Los sectores más intensivos en consumo de gas natural, como el de fabricación de fibras artificiales y sintéticas y el cerámico están registrando grandes caídas de la producción y recurriendo a ERTEs para sostener el empleo.

Una sociedad anotada podrá trasmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas de colega del cesionario. La compromiso solidaria de las sociedades competidores en la escisión o segregación prescribirá los cinco años. Esta misma regla se aplicará en caso de escisión parcial o de escisión por segregación, distribuyendo el elemento del activo o del pasivo entre todas y cada una de las sociedades beneficiarias y la sociedad escindida. Si la parte del patrimonio que se transmite en bloque está constituida por una o varias empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, podrán ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de la compañía que se traspasa. En el momento en que la fusión se realice a través de la creación de una nueva sociedad, el acuerdo de fusión deberá incluir las mientes legalmente exigidas para la constitución de aquélla. 3.º El informe de los expertos sobre el proyecto de fusión debe contener un juicio sobre la razonabilidad de las advertencias a que se refieren los 2 números precedentes.

El primer suplemento de crédito se va a recoger en el término 450 «Ayudas directas a Comunidades Autónomas para reducción del precio del billete de transporte a clientes habituales» con un importe de 240 millones de euros. El segundo suplemento de crédito se va a recoger en el concepto 464 «Ayudas directas a Entidades Locales para reducción del precio del billete de transporte a usuarios habituales» con un importe de 140 millones de euros. Consecuentemente, los instrumentos de planificación y ejecución de políticas públicas que se lleven a cabo por las Administraciones eficientes deberán garantizar la prestación de un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio, mediante la adopción de las medidas que determinen y delimiten la naturaleza, duración y alcance de las obligaciones correspondientes. Cuando las dos personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con exactamente la misma duración y régimen, el intérvalo de tiempo de disfrute va a poder extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses».